Con los jueces del régimen no se sabrá nunca la verdad. Hoy, más que nunca, hace falta una Comisión Investigadora Independiente
La declaración del juez unas horas antes de las elecciones o cómo con una parte de la verdad se puede construir una mentira |
La caída del Juez Otranto constituyó un triunfo de la
movilización popular, porque cayó el funcionario judicial que más maniobró para
que no se sepa la verdad, cuya estrategia no pasaba por castigar a los
culpables del secuestro y posterior asesinato de Santiago Maldonado, sino a las
víctimas de la represión perpetrada por la Gendarmería bajo órdenes de Macri,
Bullrich, Noceti y compañía.
Sin embargo, el juez Lleral no vino para resolver nada en
contra del gobierno y las fuerzas represivas, sino para ganar tiempo y seguir
apañando a los funcionarios del estado involucrados en este crimen de lesa
humanidad. Por eso, unas horas antes de las elecciones este personaje salió a
insinuar que Santiago no había sido asesinado, sino que se habría “ahogado” sin
“recibir golpes” ni ataques por parte de los gendarmes.
De imponerse este relato, que Clarín, La Nación y todos los
periodistas alcahuetes del gobierno están vociferando a diestra y siniestra,
sería un primer paso en el sentido de garantizar la impunidad. La única manera
de evitarlo es continuar peleando, pero además, poniendo en pie una Comisión
Investigadora Independiente, encabezada por los familiares de Santiago y las
organizaciones, peritos y personalidades dispuestos/as a ir hasta el final.
Para descubrir a los responsables materiales y políticos del
asesinato de Santiago, habrá que dar este paso, que va en el sentido de las
últimas declaraciones de la abogada de la familia para el diario Página 12,
donde explicó que era necesario que “se conforme un grupo de expertos
independientes, que puedan ser veedores y garantizar una independencia que no
está garantizada”.
Es de vital importancia mantener la defensa irrestricta de
los derechos humanos que, en este caso, son avasallados históricamente. La
desaparición forzada de Santiago Maldonado y su posterior asesinato, nos
recuerda las prácticas de la última dictadura cívico-militar; la lucha ancestral
del pueblo Mapuche por sus derechos confirma la lamentable continuidad, por
parte de los Estados argentino y chileno, de una política genocida originada en
la conquista y la colonización, en la cual se basa su conformación y
desarrollo.
Con estos jueces y fiscales nunca se sabrá toda la verdad ni
se castigará a todos los culpables, ya que más allá de sus diferencias tácticas
y de matices, son defensores acérrimos del mismo estado cipayo y represor que
siempre entregó - también durante el gobierno K, como ahora - las tierras de
los pueblos originarios patagónicos a la voracidad de los saqueadores
internacionales, como a corporaciones monopólicas petroleras y mineras y a
terratenientes como Benetton y Lewis entre otros.
Para ir a fondo hará falta un Plan de Lucha Nacional,
exigiendo la inmediata desmilitarización de la zona en conflicto, el cese del
hostigamiento a los testigos de la causa y la conformación de la cada vez más
necesaria Comisión Investigadora Independiente. Hacemos un llamado a las organizaciones
y dirigentes que adhieran a esta propuesta a reunirnos inmediatamente para
comenzar a difundirla y ponerla en práctica.
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